LUCíA HERRERA
El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 893 distritos de 22 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario. Durante ese periodo, las entidades involucradas podrán ejecutar medidas excepcionales orientadas a reducir riesgos, atender eventuales emergencias y acelerar labores de rehabilitación.
Una medida preventiva de alcance nacional
La declaratoria comprende jurisdicciones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.
El objetivo de la norma es permitir una intervención más rápida frente al muy alto riesgo identificado por las autoridades. Las acciones deberán guardar relación directa con la emergencia climática y serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, en coordinación con las entidades del Gobierno Nacional.
La medida no supone que las lluvias intensas ya estén ocurriendo en los 893 distritos incluidos. Se trata de una declaratoria preventiva que busca reducir la exposición de la población, la infraestructura pública, las vías de comunicación, los sistemas de agua y saneamiento, las áreas agrícolas y otros servicios esenciales ante un escenario de mayor vulnerabilidad.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindará coordinación técnica durante la vigencia de la emergencia. También participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.
Prevención, atención y continuidad de servicios
La declaratoria habilita la ejecución de intervenciones como limpieza y descolmatación de cauces, reforzamiento de defensas ribereñas, protección de infraestructura vulnerable, mejoramiento de rutas críticas y preparación de almacenes y servicios de respuesta. La priorización concreta dependerá de las condiciones de riesgo de cada distrito y de las evaluaciones técnicas de las autoridades competentes.
En paralelo, sectores como Desarrollo e Inclusión Social han informado que preparan acciones para mantener operativos sus servicios en las zonas expuestas. Entre las tareas previstas figuran el mapeo de almacenes, la revisión de existencias para programas sociales y la identificación de familias que podrían requerir atención especial ante inundaciones, huaicos u otras emergencias.
La preparación también considera escenarios diferenciados en el país. Mientras las precipitaciones pueden elevar el riesgo de desbordes, inundaciones y movimientos en masa en algunas zonas, otras áreas de la sierra central y sur podrían enfrentar déficit hídrico vinculado a la evolución del fenómeno climático. Por ello, la respuesta estatal requiere medidas adaptadas a las condiciones locales.
Arequipa identifica puntos críticos en Camaná y Majes
Como parte de las acciones de prevención, la Autoridad Nacional del Agua identificó 44 puntos críticos en los valles de Camaná y Majes, en Arequipa. El trabajo técnico incluye la recopilación de datos sobre ubicación, vulnerabilidad y necesidades de intervención en sectores expuestos a posibles aumentos de caudal durante la temporada de lluvias.
Entre las recomendaciones evaluadas figuran el reforzamiento y enrocado de diques, así como la limpieza de cauces. Veintiséis de los puntos identificados se ubican en el valle de Camaná, en áreas de las comisiones de usuarios de Montes Nuevos, Pucchún y El Cusco, además de otros sectores de la provincia.
Con la emergencia ya vigente, el desafío será que las medidas se traduzcan en trabajos oportunos y focalizados antes de que las condiciones meteorológicas eleven el riesgo. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para que la respuesta no se limite a la atención posterior de daños, sino que priorice la protección de comunidades y servicios básicos.
